Justicia decreta la quiebra de constructora Claro, Vicuña, Valenzuela: bienes deben ser puestos a disposición de la liquidadora
Tras esta resolución, se tiene luz verde para incautar todo el patrimonio de la empresa, indicó la jueza del 9º Juzgado Civil de Santiago.
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La jueza Cecilia Castro, del 9º Juzgado Civil de Santiago, decretó ayer la liquidación de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela, "por encontrarse cumplidos los requisitos", señaló .
A fines de octubre, la empresa había solicitado su quiebra voluntaria, anunciando la paralización de más de 30 obras y el despido de 2.500 personas.
Como liquidador titular provisional se nombró a Loreto Ried y suplente a Eduardo Godoy. La jueza autorizó a ambos para que se puedan incautar todos los bienes de la empresa, sus libros y documentos, bajo inventario, prestándosele para este objeto auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario, dice la resolución judicial.
Además, la magistrada decretó la acumulación al presente procedimiento concursal todos los juicios pendientes contra la constructora que puedan afectar sus bienes, seguidos ante otros tribunales de cualquier jurisdicción, salvo las excepciones legales.
“Se advierte al público que no debe pagar ni entregar mercadería a la deudora, so pena de nulidad de los pagos y entregas. Igualmente, las personas que tengan bienes o documentos de la deudora, deber ponerlos a disposición de la liquidadora”, señaló la jueza.
Junto a esto, dijo que todos los acreedores residentes en el territorio de la República tienen el plazo de 30 días para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos. También fijó el plazo para los reclamantes que se hallen fuera de Chile.
“La primera Junta de Acreedores se efectuar el trigésimo segundo día contado desde la publicación en el Boletín Concursal, a las 12.30 horas, y si fuere sábado, al día hábil siguiente”, dice la resolución de la jueza.
Los pasivos de la compañía superan los US$ 60 millones y uno de sus mayores acreedores es el banco Santander.
En su presentación a la justicia, la compañía dijo que entre los factores que la llevaron a la debacle está su relación contractual con el Ministerio de Obras Públicas, mandante en varios proyectos de infraestructura pública que desarrollaba la constructora, lo que fue rechazado por la autoridad.